El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, y la consejera de  Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, han presentado esta semana una “Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible”. Esta nueva ley simplificaría los procesos de aprobación de los proyectos de interés público, con una disminución de entre un 30% y un 75% de los tiempos de tramitación en función del proyecto.

Para que un proyecto acceda a este proceso de simplificación administrativa, la nueva Ley crea la figura del “Proyecto de Interés Público Superior” (PIPS), entre los que se encuentran, las actuaciones y ampliaciones de las redes eléctricas o los proyectos de energías renovables.

Ante esto, deducimos que los proyectos que el Gobierno Vasco considere más interesantes o prioritarios van a ir adelante, reduciendo la capacidad de los diversos agentes de influir en el resultado final, puesto que pueden eliminarse procesos como la consulta a organismos, el proceso de información pública o el trámite de audiencia.

Aún sin conocer en detalle esta nueva ley -ya que no nos ha sido presentada-, desde UAGA se recoge con mucho escepticismo, puesto que se prioriza el interés de algunos y la agilidad de la tramitación frente a la capacidad de participación pública en los proyectos de la sociedad y las entidades que la componen. Y aunque la consejera afirmó que esta legislación  «simplifica procedimientos, elimina duplicidades y permite que agricultores, ganaderos, pescadores, industrias alimentarias y entidades locales puedan desarrollar sus proyectos con mayor agilidad y seguridad jurídica», mucho nos tememos que pese a las buenas palabras, solo vaya a servir para agilizar proyectos fotovoltaicos  y no para quitarnos burocracia.