La organización denuncia que más de 900 fondos de inversión poseen tierras en la península ibérica, valoradas en más de 100.000 millones de euros, y alerta de la creciente concentración de la producción y del encarecimiento del acceso a las explotaciones. En este contexto, reclama un Pacto de Estado por el Relevo Generacional y la Protección del Suelo Agrario, que incluya medidas para frenar el acaparamiento especulativo de tierras y derechos de agua, priorizar a los agricultores profesionales y facilitar la incorporación de jóvenes. Entre sus propuestas figuran reservar al menos el 10% del presupuesto de la PAC para jóvenes, establecer incentivos fiscales y líneas de financiación preferente, agilizar los trámites de instalación y mejorar el acceso a la vivienda y los servicios en el medio rural.

El paquete de medidas contempla también actuaciones específicas para favorecer la incorporación de agricultoras y ganaderas, reforzar la titularidad compartida, mejorar la protección social y promover la conciliación. COAG defiende, además, una definición vinculante de agricultor profesional y cambios en la PAC que favorezcan a las explotaciones familiares y profesionales. El objetivo, según la organización, es garantizar una «agricultura con agricultores», en la que la tierra y los recursos productivos estén al servicio de quienes trabajan y viven en el medio rural, y no de los intereses especulativos.