La Federación de Consumidores y Usuarios CECU y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que investigue la posible importación y comercialización en España de productos agrícolas procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente y etiquetados como si fueran originarios de Israel.

La denuncia se basa en eel informe Importando la Ocupación, elaborado por el centro de litigación Global Echo, así como en una reciente investigación periodística de Público. De confirmarse los hechos, las personas consumidoras estarían recibiendo una información incorrecta sobre el origen de los productos, lo que podría constituir una vulneración de la normativa de consumo y de etiquetado. Además, ambas organizaciones advierten de que estas prácticas supondrían una competencia desleal para los agricultores y las agricultoras que cumplen con la legislación europea y española en materia de producción, trazabilidad e información al consumidor.

La denuncia también solicita que se investigue si estas importaciones pudieran incumplir el Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la importación en España de productos procedentes de los territorios ocupados por Israel en Palestina, así como la posible utilización de certificaciones fitosanitarias y ecológicas que, según los indicios aportados, podrían no ajustarse a la normativa europea.