El Ministro Luis Planas ha anunciado esta semana la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, como herramienta para paliar la crisis del sector agrario y hacer frente a las movilizaciones del sector.

COAG, la coordinadora estatal a la que pertenece UAGA, ha realizado una valoración de esta reforma. Como aspectos positivos destaca que, pese a que está prohibido fijar precios mínimos, establece unas condiciones teóricas para que los pagos cubran costes de producción.  Se actúa también sobre la destrucción de valor en la cadena y se agravan las sanciones considerablemente.

Sin embargo, existen dudas de que se cumplan todos los objetivos porque quedan vías de escape para industria y distribución. Por ejemplo, se establece una claúsula que obliga a una mención expresa de que el precio pactado en el contrato entre comprador y productor cubre los costes de producción. Ésta puede no tener efecto si el comprador ejerce abuso de posición de dominio y obliga al vendedor a firmar el contrato con un precio bajo; además habremos legitimado que el agricultor está vendiendo por encima de costes.

Además, quedan fuera de la reforma cuestiones como el registro estatal de los contratos, la figura de mediador, el canal Horeca o la regulación de la venta directa. También hace falta reforzar, tanto en presupuestos como en personal la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Puedes consultar aquí el Real Decreto