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patatas en almacén

COAG valora la propuesta de la Comisión Europea para el sector de la patata por la crisis de la COVID-19

La Comisión Europea no ha propuesto medidas de apoyo para el sector de la patata. Solo ha propuesto medidas para que el sector pueda autoorganizarse para paliar este período de grave desequilibrio del mercado, permitiendo acuerdos y decisiones colectivas en el sector por un período de 6 meses.

El mercado de la patata en la UE corre el riego de una seria perturbación por los excedentes de patata destinadas a la industria, a causa de las medidas restrictivas adoptadas en esta crisis.

Varias de las medidas que se están adoptando, como son la retirada de producto del mercado para la destrucción ordenada del producto o para su distribución gratuita a bancos de alimentos o instituciones públicas o la transformación y procesamiento para otros fines tales como alimentación animal y para metanización pueden ser útiles para que el sector pueda organizar el mercado, aunque, para su mayor eficacia, deberían poderse tomar de forma individual sin requerir acuerdos colectivos, pero sobre todo es necesario proporcionar apoyo financiero de la UE al margen de la PAC.

Sin el apoyo financiero de la UE, estas medidas no ayudarán al mercado de la patata en las circunstancias actuales. Por el contrario, en algún caso plantean un riesgo de distorsión de la competencia si se destinan para su transformación en fécula, o también debido a la diferente implementación de ayudas nacionales que se puedan establecer en los Estados miembros.

Con determinadas medidas como la transferencia de volúmenes de patatas de industria (para fritas) que se puedan destinar a patatas de consumo así como la propuesta de crear y encontrar capacidades de almacenamiento y preparar patatas para períodos de almacenamiento más largos se corre el riesgo de provocar perturbaciones en los mercados y prolongar los efectos negativos en los precios para todo tipo de patatas y productos de patatas en 2020 y 2021.

Finalmente COAG señala que es importante que cualquier medida, ya sea implementada por la UE o en forma de ayuda estatal, no perjudiquen el funcionamiento del mercado interior y no causen distorsiones en el mercado debido a la diferente implementación en los Estados miembros.