Este miércoles 21 de enero, el Parlamento Europeo (PE) ha aprobado una moción histórica para paralizar el acuerdo de Mercosur, al remitir el texto del acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una buena noticia para el sector, como valora en este vídeo COAG.  Sin embargo, según informan los servicios técnicos de COAG en Bruselas, la votación fue ajustadísima (334 votos a favor frente a 325 en contra) y el motivo de su remisión es que se cuestiona la compatibilidad del acuerdo con el derecho comunitario, especialmente en lo relativo a las cláusulas de salvaguardia y la base legal elegida para su aprobación.

Por tanto, pese a la aprobación del Consejo en diciembre y la firma oficial del texto en Paraguay el pasado 17 de enero, el proceso de ratificación en el PE queda congelado hasta que el TJUE emita su dictamen, un trámite que podría demorar el tratado entre 18 y 24 meses.

A pesar de este freno judicial, nos enfrentamos a un escenario de alto riesgo. La Comisión Europea tiene la potestad de solicitar al Consejo que se apruebe la aplicación provisional de la parte comercial, lo que permitiría que los capítulos comerciales entraran en vigor sin esperar el dictamen del TJUE ni la ratificación total por parte del Parlamento Europeo.

Si la Comisión logra la aplicación provisional, el daño a nuestros sectores estratégicos y la pérdida de soberanía regulatoria serán un hecho consumado antes de que la justicia europea se pronuncie. Es vital que esta vía excepcional no se materialice y por eso es importante que el sector primario siga mostrando su rechazo al acuerdo en las calles.