La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado esta semana sus propuestas ante las elecciones genrales del 29 de noviembre, con una advertencia a las fuerzas políticas: la entrada de fondos de inversión y capital riesgo en el sector agrario está dificultando el acceso de los jóvenes a la tierra y al agua, poniendo en riesgo el modelo social y profesional de agricultura y ganadería. COAG ha alertado de que, entre 2026 y 2030 se jubilarán alrededor de 43.000 agricultores y ganaderos profesionales, un 17% del total de autónomos agrarios en activo. Sin una incorporación anual de entre 8.000 y 10.000 jóvenes, el colectivo podría reducirse hasta los 200.000 afiliados en 2030.La organización denuncia que más de 900 fondos de inversión poseen tierras en la península ibérica, valoradas en más de 100.000 millones de euros, y alerta de la creciente concentración de la producción y del encarecimiento del acceso a las explotaciones. En este contexto, reclama un Pacto de Estado por el Relevo Generacional y la Protección del Suelo Agrario, que incluya medidas para frenar el acaparamiento especulativo de tierras y derechos de agua, priorizar a los agricultores profesionales y facilitar la incorporación de jóvenes. Entre sus propuestas figuran reservar al menos el 10% del presupuesto de la PAC para jóvenes, establecer incentivos fiscales y líneas de financiación preferente, agilizar los trámites de instalación y mejorar el acceso a la vivienda y los servicios en el medio rural.
El paquete de medidas contempla también actuaciones específicas para favorecer la incorporación de agricultoras y ganaderas, reforzar la titularidad compartida, mejorar la protección social y promover la conciliación. COAG defiende, además, una definición vinculante de agricultor profesional y cambios en la PAC que favorezcan a las explotaciones familiares y profesionales. El objetivo, según la organización, es garantizar una «agricultura con agricultores», en la que la tierra y los recursos productivos estén al servicio de quienes trabajan y viven en el medio rural, y no de los intereses especulativos.
