UAGA ha celebrado esta semana una rueda de prensa para dar a conocer la situación relativa a la judicialización por parte de Solaria de sus parques fotovoltaicos. De las 29 plantas que conforman el proyecto, 24 están en tramitación, 3 a la espera de exposición pública y 2 han sido desestimadas. Además, Solaria ha interpuesto 22 recursos contencioso-administrativos a la Administración vasca – a todas las plantas excepto a las tres sin tramitar y las que se tramitan en la Administración central (MITECO)-.

La razón de los contenciosos radica en la caducidad de los permisos de conexión y enganche otorgados en su momento por Red Eléctrica en Zierbena. El recurso se presenta frente a la desestimación presunta de la Autorización Administrativa previa y la  Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, por dilaciones indebidas achacables al Gobierno Vasco. Solaria solicita del juzgado la nulidad de la citada desestimación presunta de la DIA, otorgar DIA favorable con efectos retroactivos y subsidiariamente que la Administración dicte resolución expresa respecto a la solicitud de la DIA. Es decir, Solaria pretende, por la puerta de atrás, la autorización del proyecto al margen de sus impactos, lo que desde el punto de vista de UAGA es especialmente grave, porque se busca encontrar un atajo y trasladar la responsabilidad a los juzgados. No sería de recibo que un órgano judicial sustituya las funciones de un órgano administrativo para sustanciar impactos ambientales.

Por otra parte, UAGA volvió a incidir en  la ocupación de suelo.  Las 26 plantas que hasta ahora se han sometido a información pública ocuparían una extensión de 1847’47 Ha, con una media de 71 Ha/planta, a las que habría añadir  tres plantas pendientes  lo que supondría una superficie total de ocupación de 2.000 Ha -2.857 campos de fútbol-, de las que prácticamente su totalidad están dedicadas a la actividad agraria. Respecto de la potencia eléctrica de se pretende instalar, multiplicaría por 14 las previsiones de de la Estrategia Energética de Euskadi (3E2030), lo que dinamitaría la planificación de la administración vasca.

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