El nuevo conflicto en el Golfo Pérsico que se desató el pasado fin de semana ya empieza a tener consecuencias en el sector agrícola. Los precios del gasóleo agrícola, de los fertilizantes y de la energía eléctrica que consume el sector ya han comenzado a revisarse, y no precisamente a la baja.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha firmado esta semana un artículo de opinión en el que pone en entredicho que la crisis en el Golfo Pérsico justifique una subida inmediata de los inputs agrícolas. Lo que sí justifica es exigir que alguien vigile que las reglas se cumplen.

Padilla alerta de que «existe un patrón de comportamiento en los mercados de inputs agrícolas que se repite cada vez que aparece una excusa de suficiente entidad. Lo vimos en 2022 con la invasión de Ucrania. Los precios del gasóleo y los fertilizantes nitrogenados se dispararon en semanas, bastante por encima de lo que justificaba la evolución real de los costes de aprovisionamiento. Mientras tanto, los márgenes de las grandes energéticas y las compañías de fertilizantes marcaron récords históricos. Los agricultores perdieron dinero. Las energéticas ganaron más que nunca. No es una opinión: es lo que reflejan las cuentas de resultados publicadas ese año».

En el artículo COAG dice que «no pedimos que el Gobierno controle los precios ni que intervenga en los mercados de forma arbitraria. Pedimos algo más sencillo y más exigible: que alguien vigile que las reglas se cumplen. Que la CNMC active de forma inmediata un seguimiento de cualquier movimiento de precios en los principales inputs agrícolas que no esté justificado por costes reales de aprovisionamiento. Que el Ministerio de Agricultura ponga en marcha los mecanismos de monitorización que contempla la normativa de la cadena alimentaria. Y que España traslade a Bruselas la necesidad de activar los instrumentos de alerta temprana previstos en el Reglamento de Crisis Agroalimentaria. No es mucho pedir. Es lo mínimo que un Estado puede hacer por un sector que alimenta a 50 millones de personas en España y una parte importante de la UE».