El Tribunal Constitucional  ha anulado algunos artículos de la “Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica”. Esto supone que sigue existiendo el riesgo de que empresas del sector energético puedan volver a plantearse iniciar procesos de perforación, experimentales o ya en plena producción.

Esta Ley  había sido fruto de un intenso trabajo de colaboración y predisposición entre colectivos populares, la sociedad en general y los grupos parlamentarios, con el fin común de defender lo mejor posible el territorio y nuestros recursos naturales.

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